México se encuentra en efervescencia. La oleada conservadora que ha determinado impedir la interrupción legal del embarazo en más de la mitad de los estados federados empieza a encontrar respuesta social. Las decisiones medievales de los cuerpos legislativos, lo mismo de Chihuahua que de Jalisco o Campeche –no se diga Guanajuato–, implican que se vuelva a mirar y a tratar a las mujeres como menores de edad, seres sin voluntad, ni derechos.

En pleno siglo XXI, cuando hemos avanzado en derechos políticos que nos convierten en ciudadanas plenas –como el derecho al voto apenas obtenido en 1953–, cuando el mundo entero –México incluido—trabaja por erradicar la violencia contra las mujeres con legislaciones modernas, legisladoras y legisladores locales privilegian sus concepciones religiosas, personales y respetables, en contra de uno de los derechos fundamentales de la población femenina: el derecho al cuerpo y a la libre decisión del embarazo; dejan así de lado su responsabilidad social, para la que fueron electos: procurar el bienestar de la comunidad.

Entre el 25 de noviembre y el 16 de diciembre de cada año, en todo el orbe se lleva a cabo una magna campaña contra la violencia hacia las mujeres y por el respeto a sus derechos humanos.

En este periodo las cifras del feminicidio (asesinatos por discriminación y odio) en México se convierten en noticia de primera plana: 90 homicidios dolosos en Veracruz, sólo en 2009; 89 en el Estado de México; 71 en Chihuahua… cifras que llaman a la alerta: 573 casos de mujeres asesinadas en el Estado de México entre 2005 y 2008; en el D.F., 427; 360 en Chihuahua; 282 en Veracruz; 275 en Chiapas; 214 en Jalisco, 141 en Quintana Roo.

La mayoría, consecuencia de ataques con armas de fuego, según refiere el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, seguidos por asfixia, armas punzocortantes y traumatismos craneoencefálicos.

Son fechas que nos aclaran los diversos tipos de violencia: la física, la sexual, la patrimonial, la económica, la psicológica, incluidas todas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Todas ellas producto del ejercicio de poder que vulnera a las mujeres y se traduce en problemáticas de trata de personas, de desapariciones forzadas; en muertes por negligencia, en suicidios, en asesinatos.

La campaña se inicia en el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Este año, Ban Ki-moon, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas urgió a “romper el muro de silencio y hacer que las normas jurídicas se conviertan en realidad en la vida de las mujeres”.

En el “Pronunciamiento mesoamericano contra la violencia hacia las mujeres” dado a conocer en Guatemala por organizaciones civiles, destaca la colusión de los gobiernos con el narcotráfico, las acciones de las jerarquías religiosas y las militares, entre otras, que utilizan la violencia contra las mujeres como medio para mantener un estado de miedo, impunidad e inseguridad a través del feminicidio, la violencia sexual y la criminalización del aborto.

En México, 90 por ciento de los asesinatos de mujeres queda impune. El espacio menos seguro para la población femenina es su casa. Ese sitio donde ellas debieran encontrar bienestar y vivir con certidumbre, es el más riesgoso. Por diversos estudios realizados se sabe que por la violencia doméstica y sexual las mujeres pierden aproximadamente nueve años y medio de vida saludable. So pretexto de proteger la vida desde la concepción, 17 entidades federativas han reformado sus constituciones para prohibir el aborto y encarcelar a mujeres que lo practiquen. Sólo en Guanajuato, más de 100 mujeres están en prisión por abortar.

Pero México se mueve. Potosinas, bajacalifornianas, chihuahuenses, veracruzanas, jaliscienses, mujeres todas, están en pie de lucha por su vida, por la de las otras, por sus derechos inalienables.

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