No extraña por ello que miles de juarenses salieran a las calles, en abierto desafío a la delincuencia organizada que los mantiene en jaque, para manifestarse en contra de este flagelo.

Fue un “Ya basta” que buscaba calar hondo en las oficinas del gobierno federal encargadas de combatir el crimen, en los despachos donde se tutelan los derechos humanos, en los elegantes corredores y las espaciosas e iluminadas salas de juntas de las dependencias responsables de la política interior.

Se trató además de la segunda gran demostración popular contra el crimen en una década, en la ciudad más violenta del mundo, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública (CCSP).

De acuerdo con esta organización no gubernamental, en Juárez se cometen 130 homicidios dolosos o intencionales por cada 100 mil habitantes, con lo que es la urbe con mayor número de asesinatos, muy por arriba de ciudades en guerra.

Ciudad Juárez, por su localización estratégica, es escenario de una guerra sin cuartel entre los carteles de Sinaloa y de Juárez por el control de las rutas de droga hacia el país vecino y la venta local al menudeo.

Aún Tijuana, que es considerada la capital del crimen en el noroeste del país, está por debajo del nivel de violencia que registra Juárez, con 73 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes.

Bagdad, que fue blanco de dos ofensivas militares estadounidenses y está sumida en una virtual guerra civil, ocupa el lugar número 9 entre las ciudades más violentas del mundo y Medellín, Colombia, el número 8, según el estudio citado. En lo que va del sexenio se contabilizan en el país más de 15 mil muertes, según recuentos oficiales.

Es verdad que en México el 40 por ciento de las muertes por el narcotráfico se cometen en Chihuahua y el otro 40 por ciento en otros 5 estados: Baja California, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas, según registros periodísticos.

Pero el hecho de que la violencia esté muy focalizada y que su principal fuente sea el narcotráfico no implica que debamos cruzarnos de brazos.

Se sabe que si Ciudad Juárez cae en manos del crimen, así podría ocurrir con otras localidades del país.

Los juarenses están hartos de promesas y hastiados de que se les dore la píldora. Contingentes de la Policía Federal y del Ejército han ido y venido y el orden no regresa a esta martirizada metrópoli, colindante con El Paso, donde se refugian decenas de familias con alta capacidad económica de Juárez.

Recientemente, empresarios y líderes sociales juarenses demandaron el arribo de los cascos azules para imponer el orden, pero como eso lastima la “dignidad nacional” y “la soberanía” el gobierno de inmediato rechazó esta propuesta.

El gobernador José Reyes Baeza señaló que las extorsiones, secuestros y muertes ligadas con grupos delincuenciales “son parte de una realidad que no sólo se vive en el estado, sino en todo el país”. En otras palabras, les dijo a los juarenses que se acostumbren a sufrir el acoso de los plagiarios y extorsionadores.

Triste destino el de los habitantes de Ciudad Juárez, cuando tienen un gobernante que les habla de este modo, en lugar de que se una a su clamor y se solidarice con sus demandas, ofreciendo darles una respuesta.

La esperanza es lo último que se pierde y es lo que mantiene todavía a los juarenses con el ánimo de exigir que se atiendan sus necesidades.

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